Ciudad Guatemala
Las turbas del “Jueves Negro” cometieron 34 delitos, incluyendo homicidio, agresión, plagio y secuestro. Ríos Montt había advertido que no se hacía responsable si las protestas se salían de control.
El “Jueves Negro” guatemalteco ocurrió el 24 de julio de 2003, en las calles de varias zonas capitalinas.
No fue una crisis financiera sino un ardid populista del entonces hombre fuerte del Frente Republicano Guatemalteco, Efraín Ríos Montt, quien exigía al Tribunal Supremo Electoral que lo inscribiera como candidato presidencial, pese a tener prohibición por haber liderado un golpe de Estado.
El 14 de julio de ese año, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo denegatorio, lo cual encolerizó al patriarca del FRG. En clara afrenta, Ríos Montt dijo: “Tengo que ser inscrito, sí o sí”.
El lunes 21 de julio llamó indirectamente a la rebelión a sus seguidores, y advirtió que no se hacía responsable si las protestas se salían de control. Sabía perfectamente lo que la cúpula de su partido fraguaba.
Bloqueos
El 24 de julio, cientos de personas acarreadas principalmente de Quiché, las Verapaces, Jalapa y Jutiapa, y provistas de palos y machetes, tomaron desde tempranas horas de la mañana puntos estratégicos, como el Tribunal Supremo Electoral y la Cortes Suprema de Justicia. Se conoció que a muchos les pagaron Q50 y les ofrecieron transporte y comida.
De hecho, la organización de la turba fue casi una estrategia de corte militar, hasta para tomar los alimentos.
Aunque más de 30 personas con gorros pasamontaña organizaron a la turba, entre los incitadores se encontraban el candidato a diputado del FRG por Zacapa, Mario Morales; los diputados, Leopoldo Cruz, Juan Santa Cruz, Jorge Arévalo y la secretaria de Zury Ríos Sosa, hija de Ríos Montt.
La concentración más numerosa empezó a las 8 horas frente al edifico del Centro Empresarial, en al 5ª. avenida y 15 calle, zona 10, donde tenía su oficina Dionisio Gutiérrez, uno de los más férreos opositores a la inscripción de Ríos Montt.
Ese día se puso en riesgo la vida de cientos de empleados de ese condominio, debido a que fueron quemadas decenas de llantas que hacían irrespirable el aire y la turba amenazó con quemar el lugar.
Día negro para la Prensa
También para la Prensa fue una jornada difícil, porque los manifestantes gritaban, entre otras consignas: “La Prensa es la culpable de que no inscriban a Ríos Montt”.
Ese día, Héctor Ramírez, reportero de Noti-7, murió de un paro cardíaco cuando intentaba protegerse de la turba en una vivienda particular. Además, Juan Carlos Torres, reportero de elPeriódico, fue rociado con gasolina y estuvo a punto de ser quemado vivo. El asedio a varios puntos estratégicos duró doce horas. Durante ese tiempo, el Grupo de Acción Rápida, de la Policía Nacional Civil, solo observó de lejos. El director de la institución, Raúl Manchamé, nunca giró instrucciones para restablecer el orden.
A las 18 horas fueron rescatadas 900 personas que habían permanecido atrapadas en el Centro Empresarial y los manifestantes se retiraron.
Los daños a la propiedad, la vida y la producción fueron incalculables.
El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, responsabilizó de los hechos al gobierno de Alfonso Portillo y al ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón. Morales dijo que, pese a su insistencia, Calderón no actuó para replegar las protestas.
Las turbas del “Jueves Negro” cometieron 34 delitos, incluyendo homicidio, agresión, plagio y secuestro. El Estado incurrió en 12, entre éstos la defensa de la Patria.
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