Ciudad Guatemala
Están sindicados por delitos como asociación ilícita, fraude, cohecho pasivo y peculado, a raíz del supuesto desvío millonario de recursos de la Policía Nacional Civil (PNC) en el gobierno Patriota.
Jueza Noveno resolverá este día si envía o no a juicio al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y otras 11 personas más implicadas en el caso de corrupción denominado Caso Patrullas.
Este es el tercer proceso penal que enfrenta Bonilla quien también es señalado en Cooptación del Estado y La Coperacha, donde habría participado en la colecta para adquirir un helicóptero y otros lujosos regalos para el exbinomio presidencial. Asimismo, es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
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Según la investigación la estructura que operó a lo interno de la PNC habría desviado unos Q52 millones, aparentando que adquiría bienes y servicios, sobre todo en autopatrullas y la contratación de obras para subestaciones de la PNC.
Bonilla en una entrevista al medio La Red señaló que lo que resuelva la juez estaría bien para él.
#LRN Jueza Noveno resolverá este día si envía o no a juicio al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y otras 11 personas más implicadas en el #CasoPatrullas. pic.twitter.com/HeYSS6H2mo
— La Red (@Lared1061) May 21, 2018
El caso contra Bonilla
En una primera fase también se señaló que esta organización operó en la PNC para desviar los fondos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios particularmente para auto patrullas (reparaciones mecánicas); contratación de obras y servicios para sub estaciones (reparaciones, remozamientos, remodelaciones) las cuales fueron realizadas por personal de la PNC; y la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de 12 millones de quetzales adjudicado de forma fraudulenta.
Las investigaciones determinaron que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014 los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90,000
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