El Ministerio Público (MP) no desiste de ir tras el supuesto financiamiento electoral no reportado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015 y este 21 de mayo hizo 12 cateos para secuestrar documentación.
“Son diligencias normales. Hay una investigación que tienen plazo y hay que agotar las diligencias que sean necesarias”, dijo en rueda de prensa Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sin precisar de qué caso se trataba.
Más tarde, el Ministerio Público (MP) informó en Twitter que las diligencias, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), estaban relacionadas con el caso Financiamiento a UNE 2015.
“En algunos de los inmuebles objeto del procedimiento funcionan diversas sociedades anónimas. Se procederá al secuestro de documentos contables, financieros, así como de dispositivos electrónicos para el análisis correspondiente”, expuso la Fiscalía.
En este caso el MP va en busca de respuestas de un financiamiento de Q19.3 millones para el partido verde.
La primera con señalamientos en esta pesquisa es Sandra Torres, aspirante presidencial, y cuatro diputados, dos alcaldes de Quiché y particulares, entre Gustavo Alejos, exoperador del partido.
Pese a que contra esos políticos y funcionarios la Fiscalía solicitó el retiro de inmunidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo no.
De aquí surge aquel audio donde Torres se oye sorprendida cuando en una conversación Alejos, quien ya está ligado a proceso, le dice hay un financista que ofrece Q40 millones para la campaña.
Aun cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) le dio un amparo provisional a la Feci contra la Corte Suprema, el expediente seguirá en ese tribunal, hasta que el amparo sea resuelto en definitiva, lo cual puede demorar meses.
Lo anterior deja a Torres con la garantía de que participara en las elecciones del 16 de junio.