El presidente Jimmy Morales decidió terminar con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La decisión del presidente Jimmy Morales está facultado para celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales, según el inciso O del artículo 183 de la Constitución Política; pero en el caso del acuerdo con Cicig el estado de Guatemala aceptó en 2006 que solo puede terminarlo ONU.
Jimmy Morales tiene la facultad para denunciar el convenio de la creación de la Cicig. Sin embargo, el acuerdo de creación de la comisión, suscrito entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala establece que solo la ONU puede dar por terminado dicho el convenio.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados señala en el artículo 60 que un tratado podrá terminarse o suspenderse como consecuencia de su violación, argumento que busca consolidar Guatemala al señalar que Cicig se ha desvirtuado y que ha hecho una persecución selectiva.
El excanciller Gabriel Orellana indicó que, si bien el artículo 183 inciso O de la Constitución le da la potestad al presidente, el artículo se debe de interpretar en conjunto con el 149 de la misma Carta Magna.
Además, Orellana considera que el convenio de Cicig no puede denunciarse debido que el artículo 11 detalla que el acuerdo puede darse por terminado de manera unilateral por las Naciones Unidas.
El excanciller Édgar Gutiérrez indico que la intención del Gobierno de tratar de denunciar el convenio de Cicig se debe a que quieren que se elimine a la Cicig de un tajo, para que ya no presenten más casos antes del fin de su mandato en septiembre próximo.
Gutiérrez explicó que a Venezuela le ha llevado ya dos años después de que denunció la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que no se ha podido concretar.
Por aparte, los excancilleres coinciden que está la denuncia del acuerdo debe ser ratificada por el Congreso, organismo en el que ya se entregó una petición del diputado Estuardo Galdámez para que sea anulado el convenio.
También el Ejecutivo no estaría de acuerdo debido a que sería una mujer la designada para ser comisionada adjunta, aunque no se ha podido oficializar sería una exfiscal o fiscal latina, no guatemalteca, según informó una fuente a Prensa Libre.
El excomisionado adjunto de la Cicig, Amerigo Incalcaterra, quien se desempeñó entre 2008 y 2009, dice que Guatemala no puede romper un pacto que fue acordado entre dos partes y que tendrá que esperar hasta septiembre que es cuando finaliza el último plazo.
Icalcaterra dice que si el Gobierno de Guatemala pretende romper al pacto deberá demostrar “con argumentos válidos las causas por que quiere denunciar” y la otra parte o sea la Organización de las Naciones Unidas estar de acuerdo.
“Pero si los argumentos no son válidos, lo único que queda es esperar su finiquito el cual es hasta septiembre, según anunció el presidente Jimmy Morales, cuando dijo que no iba a prorrogar el mandato de la Cicig.
El excomisionado adjunto considera que después de la denuncia del Gobierno de Guatemala, lo único que podría suceder es que Guterres tendría que analizar las condiciones en que continúa el trabajo del ente internacional y si resultan imposibles para continuar trabajando pues podría denunciar.
En síntesis, explicó Icalcaterra, para dar por finalizado el acuerdo antes de tiempo, las dos partes tienen que estar de acuerdo para concluirlo tal como lo cita el acuerdo de creación de la Cicig firmado por el Gobierno y las Naciones Unidas.
Según el ex comisionado adjunto de la Cicig, cuando hay controversias, los tratados internacionales cuentan con una cláusula para llegar a una solución y es que ambos acuerden una salida.
Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado.