Ciudad Guatemala
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas coinciden en que el Estado guatemalteco debe priorizar un poder judicial independiente y la protección de los derechos humanos para combatir la impunidad y la corrupción.
En un comunicado manifestaron su preocupación ante denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales, ya que además de afectar su seguridad e integridad podría tener un impacto en su independencia.
Consideran que la decisión del Gobierno de no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, referentes al fin del mandato de la Cicig, contribuyen al debilitamiento del Estado de derecho del país.
“Esta situación habría provocado una intensificación de la intimidación y amenazas contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También se reporta un patrón similar de intimidación contra aquellos actores judiciales que debido a la naturaleza de su trabajo han cooperado estrechamente con la Cicig en la investigación y persecución penal de casos emblemáticos de corrupción”, señalan.
Reiteran que la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza.
“Es imperativo que los jueces y fiscales cuenten comuna protección efectiva para que puedan ejercer sus funciones”, resaltan.
Expresaron preocupación por el personal nacional de Cicig, así como por las víctimas, testigos y otros actores relacionados con la lucha contra la impunidad y corrupción.
“Las investigaciones y enjuiciamientos de casos de alto nivel deben continuar e instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas”.
Aseguran que ya han contactado al Estado guatemalteco para informarles sobre sus inquietudes.
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