Ciudad Guatemala
El Ministerio Público (MP) y la Cicig presentaron otro caso de corrupción ocurrido durante el gobierno del Partido Patriota (PP), que involucra al Congreso.
El MP y la Cicig pidieron el retiro de la inmunidad contra diputados del extinto PP y un ministro del actual gobierno de Jimmy Morales.
Se trata de un caso de corrupción en el Congreso de la República durante el 2014.
El caso ocurrió por la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Según el MP, al menos 62 diputados del PP se vieron beneficiados con pagos, donde la intermediaria fue la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Los señalados son:
- Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de FCN-Nación.
- Juan José Porras
- Haroldo Quej
- Boris España
- Gustavo Arnoldo Medrano
- Mirna Figueroa de Coro
- Marco Antonio Orozco
- Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía.
El caso es denominado por el ente investigador como ��un ejemplo de captura del Estado” ya que, según los indicios recopilados, testimonios, chats interceptados, correo electrónicos y fotografías, los congresistas condicionaron su voto a las decisiones del Ejecutivo y cobraron por la aprobación de leyes como la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, pero también la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en 2014; la elección del contralor General de Cuentas y la designación de Junta Directiva y Comisiones de trabajo, entre otras decisiones.
Un exdiputado del PP, cuyo nombre no ha sido revelado, es el principal testigo de este caso, el cual se fundamenta, además, en mensajes recopilados de teléfonos celulares y registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) e ingresos a la Casa Presidencial, entre otros elementos.
Entre los delitos que se imputa a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución, este último por violación a la división de poderes entre Ejecutivo y Congreso.
La operadora de los pagos habría sido la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien cumple condena de 15 años por el fraude en el proyecto de saneamiento en el Lago de Amatitlán, pero también enfrenta casos de TCQ, Cooptación del Estado, La Línea, plazas fantasma en el RIC y la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Otro de los intermediarios de este caso fue el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, según cinco testimonios recopilados en la investigación.
El MP dio a conocer a través de un comunicado lo siguiente:
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