La LEEP establece que para constituir un comité se requiere la presencia de al menos 1,500 afiliados. Todos deben asistir y acompañar a la junta directiva y candidatos ediles.
“Con establecer el número de afiliados en 1,500 –como es el caso del municipio de Quetzaltenango–, y hacer que todos ellos estén presentes para constituir un comité cívico –además de los integrantes de la junta directiva y los candidatos–, los diputados buscan exterminarlos”, afirma Rigoberto Quemé Chay, exalcalde de Quetzaltenango postulado por Xel jú.
El político se basa en el inciso 7 del artículo 99 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) –en municipios que cuentan con más de 100,000 empadronados, (se requiere un mínimo de) un mil quinientos afiliados– y en el padrón electoral de Quetzaltenango que en mayo pasado era de 100,108 ciudadanos.
También en el inciso a) del artículo 105 –Comparecencia personal de todos los afiliados requeridos por la ley, de los integrantes de la Junta Directiva del comité y de los candidatos que se postulen, que deberán ser debidamente identificados. Con ese artículo, agrega, “los comités van a desaparecer pues es casi imposible reunir al 100% de los afiliados”.
Blanca Juárez, delegada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), coincide con Quemé. Considera que los congresistas lo aprobaron porque “no quieren tener competencia”. Señala que se hará la consulta para determinar si se puede obviar la comparecencia personal de todos los afiliados y hacerlo como antes.
El inciso a) de artículo 105 fue un obstáculo para organizar el comité Sexto Estado, dijo Estuardo Miranda, presidente de la asociación. “Fue más fácil adherirnos al Partido Libre porque puede realizar su asamblea con 40 afiliados y no necesita 1,500 en Quetzaltenango”, indicó.
Los comités cívicos electorales sólo tendrán financiamiento privado. En el caso del comité Xel jú, el apoyo lo recibían en especie (afiches, volantes, mantas ) y en las concentraciones o mitines vendían café, pan y enchiladas para financiar la campaña,” recordó Wilfredo Velásquez, miembro de esa organización.
Celia Luna Aguilera, analista de Asíes, admite que para los comités el tema del financiamiento es más complicado y que compiten en desventaja con respecto a los partidos políticos. “Los comités son un buen canal de las comunidades y su participación en el próximo evento electoral debería ser en las mismas condiciones que los partidos”.
Los comités deberán solicitar al TSE un espacio en los medios de comunicación. Pero la duda de Velásquez es si el tribunal estará en capacidad de auditar a todos los medios cuando en el país existen alrededor de 520 emisoras legalmente inscritas, 980 canales de cable y las emisoras piratas.
Según la Ley Electoral, la inscripción de un comité debe hacerse 60 días antes de la elección. Sin embargo, los partidos podrán inscribir sus candidatos al día siguiente de la convocatoria. Esta es otra ventaja que tienen los partidos, advierte Velásquez.
Las juntas directivas deberán integrarse con 15 miembros titulares y tres suplentes. La ley anterior requería nueve, “era mucho más fácil la toma de decisiones”. “El contenido de esta norma no fomenta la participación ciudadana. Algunos integrantes de la junta directiva recomiendan no participar en el proceso de 2019 porque las condiciones no están dadas”, explica.
A este rechazo se suma Roberto Gutiérrez, empresario y académico. “Los comités cívicos por surgir de las comunidades fomentarían una democracia más participativa y representativa. Además, las propuestas de desarrollo de los comités son más reales, pues vienen de lo local”. Los cambios que se hicieron en este tema no son sustanciales para reconstruir el sistema político, concluye.