Ciudad Guatemala
De enero a julio de este año, el Ministerio de Gobernación hizo 167 ascensos en diferentes rangos en la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales la bancada de Encuentro por Guatemala (EG) señala que el 81 por ciento tienen alguna irregularidad.
Por Carlos Álvarez
Los diputados Nineth Montenegro, Dorian Taracena y Leonel Lira solicitaron a Gobernación información sobre los ascensos y remociones en la institución desde el pasado 28 de junio.
Fue hasta la semana pasada que los congresistas recibieron la información, y luego de varios requerimientos más, el ministerio entregó la documentación con la cual se pudo hacer el análisis sobre los ascensos.
Montenegro afirmó que, según la información oficial, se pudo determinar que los ascensos del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Tzi, y del ex subdirector Carlos Roberto Tohom no cuentan con el documento que acredite haber aprobado el curso de capacitación para el acceso a la escala jerárquica de la Dirección de la PNC.
La congresista señaló que los funcionarios, al no contar con el documento que acredite haber aprobado el curso, representa una omisión y que las personas ascendidas podrían no tener la experiencia suficiente para ocupar los cargos.
De los 58 ascensos de subinspectores a inspectores, se determinó que 28 no cuentan con evaluaciones anuales, requisito que debe cumplirse según el artículo 20 literal e de la Ley de la PNC, dijo Montenegro.
De la misma forma, entre los expedientes estaban 78 ascensos de agentes a subinspectores, y luego de la revisión se determinó que ninguno de los promovidos tiene aprobado el curso para el ascenso al grado que corresponde.
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Esta situación incumple con los artículos 37 y 39 del Reglamento del Régimen Educativo de la PNC y de la misma forma podría ser que los agentes promovidos no cuenten con los conocimientos suficientes para ocupar los cargos a los que fueron designados, según los legisladores.
Montengro detalló que estos ascensos fueron posibles porque el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó los ascensos con una “dispensa legal antojadiza” de los requisitos.
Por esta razón los congresistas concluyen que 136 de los 167 ascensos que ha hecho la PNC en los últimos meses tienen alguna anomalía respecto a los requisitos legales para cumplirlos.
Otras anomalías
El Ministerio de Gobernación también entregó a los diputados información sobre 37 remociones y 81 destituciones, de lo cual Montenegro señaló que las remociones es una figura legal que no puede ser aplicada a la PNC puesto que a esta institución no se le puede aplicar la Ley de Servicio Civil.
“Las remociones son irregulares ya que, si bien es cierto que los altos mandos pueden ser cesados de sus cargos en cualquier momento por el ministro, el resto de policías tienen derecho a ser citados, oídos y vencidos a través de un proceso disciplinario con el cual se pruebe un causa de destitución”, señaló Montenegro.
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La diputada indicó que al menos 29 de estos casos, entre comisarios, subcomisarios, oficiales de distintos rangos, jefes y agentes pueden pelear una eventual reinstalación en la PNC.
Por último se recibió documentación de 81 destituciones pero, según consta en los expedientes, estos sí siguieron todo el proceso administrativo y en algunos casos fueron por sentencias judiciales, abandono de labores u otras faltas. De esto los congresistas consideraron que no hay ningún procedimiento anómalo.
Los congresistas indicaron que por los hallazgos hechos en los ascensos y remociones enviarán una carta con todos los documentos a la Contraloría General de Cuentas para que investigue. Posteriormente citarán a las autoridades de la Contraloría para que indiquen si los hechos efectivamente son anómalos y si es necesario presentar alguna denuncia penal.
Está en ley
Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación, consultado al respecto de los señalamientos de los diputados señaló que todo lo actuado está en ley.
“Todos los procedimientos administrativos desarrollados por la PNC están apegados a Derecho. El Ministerio de Gobernación lleva a cabo la viabilización de dichos procedimientos que solicita la misma PNC”, contestó el portavoz.
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Adela Camacho de Torrebiarte, exministra de Gobernación y excomisionada para la Reforma Policial, señaló que los ascensos discrecionales son perjudiciales para la institucionalidad de la PNC.
“Lo veo perjudicial por el proceso de carrera. A lo interno de la Policía esto genera mucha incertidumbre y mucha inconformidad porque los ascensos deben de seguir un proceso establecido”, señaló la exministra.
Agregó que si quiere dar un ascenso o reconocimiento a los agentes hay formas de hacerlo debido a que “hay condecoraciones e incentivos monetarias”, pero “estos ascensos no son buenos para la institucionalidad”.
“Por eso hay cursos, hay procesos y políticas educativas y hay que apegarse a las normas sobre todo en una institución jerárquica como la Policía Nacional Civil”, acotó Camacho De Torrebiarte.
Walter Menchú, experto en seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló que llama la atención la cantidad de ascensos que se han hecho en los últimos meses pues en comparación con otros son demasiados.
“En otros años los ascensos no llegan ni a cincuenta en todo el año, la pregunta es ¿Por qué se hace todos estos de una sola vez?”, acotó el experto.
Agregó que una respuesta puede ser que han existido cambios bruscos en la institución lo que provocó la salida de mucha gente y por lo tanto la necesidad de ascender a muchas personas.
“Recordemos que en muchos de los puestos de la PNC requiere el cumplimiento de cierto rango y a veces no se ha cumplido esto incluso hace unos meses se nombró a alguien en la Dirección de Apoyo y Logística que no tenía el rango y después fue cambiado”, destacó Menchú.
El analista concluyó que no es bueno “hacer esos ascensos solo porque son necesarios, lo que falta es una planificación que debería medir las necesidades que tendrá la institución a mediano y largo plazo”.
Stu Velasco, ex Subdirector de Investigación Criminal, señaló que es importante el trabajo de fiscalización que hacen los diputados porque la PNC es una institución fundamental para la seguridad ciudadana”.
“Para el fortalecimiento institucional como para la calidad de seguridad de todos los guatemaltecos, es elemental que el personal que ascienda llene los requisitos legales y posea el conocimiento que el modelo educativo de PNC exige para determinados grados como la experiencia necesaria”, señaló el exfuncionario.
Velasco agregó que en este caso “es necesario que se aclare por parte de las autoridades a la ciudadanía lo denunciado por los legisladores, así como conocer si todo lo actuado es apegado a Derecho”.
“La seguridad ciudadana es un derecho de todos y por ende es importante se asuma una postura”, concluyó el experto.
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