Ciudad Guatemala
Periodistas, constitucionalistas, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y diputados coinciden en que las acreditaciones a comunicadores que pondrá en marcha el Congreso podrían ser ilegales y que violarían derechos consagrados en la Constitución.
La Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso envió cartas a los medios de comunicación, incluida la Redacción de Prensa Libre, que indicaban que por “faltas a la convivencia” dentro del Legislativo iniciaría un proceso de acreditación.
Se adjuntan cuatro hojas con requisitos para pedir la acreditación, de la cual quedan excluidas las personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales y que el Congreso “se reserva el derecho a denegar o anular las acreditaciones a los periodistas”.
Solicitud
La misiva fue firmada por Joselyn Mérida, encargada del despacho de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
En ella describe un altercado en una sesión de jefes de bloque del pasado 2 de julio. Alguien gritó “Gol”, por lo que el presidente del organismo, Álvaro Arzú Escobar, detuvo la reunión y pidió salir del salón a los periodistas que no estuvieran interesados en la reunión. Eso se calificó como una “falta a la convivencia” y que por esa razón se ven en la “necesidad” de iniciar un proceso de acreditación a las personas que dan cobertura a las actividades del Organismo Legislativo.
Los documentos también hablan de acreditaciones especiales donde se pide como requisito que los periodistas presenten los trabajos periodísticos hechos en los últimos dos meses.
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En el caso de personas que representen medios digitales se pide que las publicaciones contengan “un 50 por ciento de noticias o comentarios originales o de análisis sobre temas nacionales”.
También hay un apartado de otras consideraciones que indica que las publicaciones de las oenegés no reúnen los requisitos para la acreditación.
Señala además que el Congreso “se reserva el derecho a denegar o anular las acreditaciones a los periodistas cuyas actividades sean contrarias a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas”.
Rechazo
Julio Garcia, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), calificó como un “atropello” la disposición del Congreso y afirmó que se oponen “rotundamente”.
“Esto es una clara violación contra la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de prensa. El periodista puede entrar a cualquier fuente y más si es el Congreso que es el lugar con mayor representación política”, señaló García.
Agregó que en el pasado se tuvo también un altercado con personal de comunicación en el Congreso que estaba impidiendo el acceso a las fuentes de información a los periodistas, pero que esto se solucionó.
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Alejandro Balsells, integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), señaló que en el caso de que el Congreso intente ordenar el acceso a los periodistas tiene que dictar alguna norma.
“Tiene que haber algún reglamento o cuerpo normativo, si no lo emite, todo lo que hace es ilegal. En caso lo emitan habrá que ver qué dice. Una disposición ya sea de la Junta Directiva o del presidente no procede”, aseguró Balsells.
Recalcó que debe existir una norma y que hacer algo sin ningún sustento legal “será arbitrario, por simple capricho de quienes mandan y es ilegal”.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, recordó que el artículo 35 de la Constitución en uno de sus párrafos dice “es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.
El procurador también recordó que el artículo 29 constitucional señala que “toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos”.
Rodas consideró que la disposición del Congreso “es una clara violación” para los periodistas y “para cualquier ciudadano”.
“El Organismo Legislativo es una entidad estatal, no es una finca de nadie ni un almacén. Es lamentable que el Congreso por una decisión desafortunada y evidentemente inconstitucional se desgaste innecesariamente”, señaló el procurador.
Exhortó al presidente del Congreso para que haga uso de su derecho de avocación y deje sin efecto la disposición que se tomó.
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El diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza, consideró que la petición del Congreso riñe con los preceptos constitucionales de libre emisión del pensamiento y acceso a tribunales y dependencias del Estado y un retroceso al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Romero entregó una carta al presidente del Congreso para que se analice la decisión que tomó la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas para dar marcha atrás en esta acción.
La acción fue secundada por la diputada Andrea Villagrán de Todos, quien también envió una misiva al presidente del Congreso para que la medida no sea aplicada.
Sin respuesta oficial
“Se suspende la acreditación y se libera el acceso al palco de prensa para que cualquier persona, presentando DPI pueda ingresar al palco y áreas con espacio limitado. Sin embargo, no nos hacemos responsables por las dificultades que la aglomeración de personas represente para sus coberturas”, precisa parte del mensaje enviado.
Pese a esa información, a la Redacción de Prensa Libre no se ha enviado ningún documento por parte de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso que indique que la disposición queda sin efecto.
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