Ciudad Guatemala
UE considera que “Guatemala debe fortalecer aún más su estado de derecho para garantizar la estabilidad".
En un comunicado, ese organismo europeo aboga para que la administración de Jimmy Morales “respete plenamente el orden constitucional, en particular la independencia del tribunal constitucional”, al tiempo que respalda la postura de la Secretaría General de ONU en torno a que la Cicig debe continuar funciones hasta septiembre de 2019, cuando termine su mandato.
Pero el organismo hace ver que durante el tiempo que le queda a la comisión se debe “respetar la integridad el personal nacional y extranjero y brindar toda la protección necesaria”.
También se refiere a la comisión en estos términos: “Desde su creación, la Cicig ha estado trabajando muy exitosamente de la mano con las autoridades judiciales de Guatemala para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer el estado de derecho. Sus logros fueron reconocidos a través de la renovación de su mandato en varias ocasiones. Cicig se ha beneficiado del apoyo financiero de la UE y de los Estados miembros de la UE desde su creación.
La UE reitera su voluntad de continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema judicial de Guatemala en cooperación con las autoridades del país”.
La UE considera asimismo que “Guatemala debe fortalecer aún más su estado de derecho para garantizar la estabilidad” y que seguirá vigilando de cerca la situación y “reaccionará a la luz de los acontecimientos”.
Así, la UE se suma al G13 (embajadas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido), que el martes últimos expresó “preocupación por los acontecimientos de los últimos días”, y resaltó que es importante que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de Derecho y la separación de poderes.
Países cooperantes, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, han hecho declaraciones sobre el cese unilateral de la Cicig. Estados Unidos se expresó preocupado por el futuro de la lucha contra la corrupción, y Canadá y Alemania rechazan la decisión presidencial.
Con información de: Prensa Libre
Etiquetas: