Ciudad Guatemala
La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentaron el índice de denuncias de delitos así como Avances y Retos en Seguridad y Justicia 2019-2024, donde se recomienda la implementación de un nuevo modelo de gestión en la Policía Nacional Civil (PNC).
En Guatemala, entre 2008 y 2018, la población privada de libertad aumentó de 8,400 a 24,400 personas, equivalente a un crecimiento de 190%.
Es decir en 2018 la capacidad de las cárceles se había superado en un 350%, provocando un hacinamiento que ha generado un descontrol en los establecimientos carcelarios, señaló la investigadora de CIEN, Corinne Dedik, esto porque la institución opera con un déficit de personal e instalaciones sobrecargadas.
“Durante más de una década no se ha invertido en suficientes espacios carcelarios para ampliar la infraestructura” indicó Dedik.
La tasa de prisionalización es de 139 reclusos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, a pesar del aumento, sigue siendo la más baja de todo Latinoamérica. Resalta que del total población de presos un 47% está en prisión preventiva, pero al hacinamiento se suma la problemática de los pandilleros recluidos.
Población reclusa la mañana de hoy 30/01/2019 a nivel nacional, en los centros carcelarios a cargo de @DGSPG pic.twitter.com/ZN6TXjHh2M
— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 30, 2019
CIEN propone readecuar la infraestructura carcelaria, construir nuevos espacios para cumplimiento de condena bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Además de diseñar e implementar la carrera penitenciaria que incluya una estructura jerárquica con ascensos basados en el mérito, esto con el objetivo de evitar que los guardias se presenten a actos corruptos, como ingresar armas o aparatos tecnológicos que contribuyan a seguir generando que las cárceles se conviertan en “los centros neurálgicos” de los líderes pandilleros que pese a estar presos, indicó Dedik.
Deficiencia en el sistema de justicia
El Centro concluyó que el flujograma de justicia criminal que es una herramienta que permite medir la eficiencia del sistema de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran(MP y OJ) señaló que la eficiencia del sistema de justicia criminal en Guatemala fue 26.6% en 2017. Eso significa que de cada 100 casos que se encontraban en el sistema, se le dio salida a 27.
Pero desde 2014 se observa un comportamiento opuesto en las eficiencias de las instituciones como el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP).
Los analistas señalaron que el MP registró un comportamiento al alza, que pasó de una eficiencia de 15% en 2014 a 29.8% en 2017, mientras que el OJ ha experimentado un comportamiento hacia la baja, pasando de una eficiencia de 20.7% en 2014 a 17.8% en 2017.
Homicidios bajan pero extorsiones y secuestros suben
En el año 2009, Guatemala registró la cantidad y la tasa anual más alta de homicidios. Hubo 6,498 homicidios, lo cual representó una tasa de 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde entonces, la tasa se ha reducido todos los años y en 2018 fue 22.4.
Pero pese a ello incrementaron las denuncias por extorsión, secuestro y robo de furgones con mercadería. Algo que según Menchú sigue generando “un ambiente de temor pues la población aún percibe altos índices de violencia”. 
A nivel geográfico, las tasas más bajas de homicidios por departamento se registran en el Altiplano, seguido de los departamentos del sur-occidente del país.
En el sur-oriente se registra el segundo grupo de departamento con tasas más altas y los departamentos con las tasas más altas vuelven a ser los mismos que en años anteriores: Zacapa, Escuintla, Izabal, Guatemala y Chiquimula.
A nivel municipal, 18 municipios concentran el 51% de todos los homicidios, diez de los cuales son del departamento de Guatemala y otros cinco son cabeceras departamentales.
Por otra parte, 12 municipios aumentaron 196 homicidios, entre los cuales sobresalen cuatro que aumentaron más de 20 homicidios: Chimaltenango, La Libertad, San Pedro Ayampuc y Amatitlán.
Proponen reformar PNC para evitar corrupción
CIEN señaló en su informe que la PNC juega un papel preponderante dentro de la prevención y contención del delito, pero que cada día es más común ver a agentes involucrados en hechos delictivos. Además de resaltar que la impunidad en temas delictivos en el país representa más del 90%.
El Centro de Investigaciones señaló que una de las cosas que se debe mejorar en el ámbito justicia, es la manera en la que se hacen las convocatorias para la aplicación a un puesto de Policía Nacional.
El ingreso de una persona a la PNC, es por medio de su Academia, donde se selecciona y forma a los aspirantes, pero que muchas veces no obtiene ascensos.
Agentes y tasa de policías
Ascensos con irregularidades
Se resaltó que pese a que los agentes tienen una constante formación policial que abarca especialmente la capacitación para el ascenso durante la carrera, “desafortunadamente durante el año 2018, alumnos ya formados no fueron tomados en cuenta para los ascensos“.
De enero a julio a 2018, el Ministerio de Gobernación había realizado 167 ascensos en diferentes rangos en la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales se señaló que el 81% tenían alguna irregularidad, según lo denunciado en su momento por bancada de Encuentro por Guatemala (EG) .
CIEN propone implementar un programa de evaluación y capacitación del personal docente de la Academia de la PNC. Así como desarrollar todo un nuevo modelo de gestión en la PNC, que involucre planificación, asignación de recursos, compras y adquisiciones vinculadas a la disminución de índices delictivos.
También se plantea regular, revisar y documentar todos los procesos atinentes a los ascensos dentro de la carrera policial, y para ellos será necesario seguir fortaleciendo la Inspectoría General.
“A pesar de los esfuerzos que se han hecho en la contención de las extorsiones pues hemos visto aún desafíos que afrontar aún temas de controles de seguridad, por ejemplo en los últimos días se han visto capturas de policías que han estado vinculados con pandilleros que cobraban extorsión, es un tema pendiente la depuración de las fuerzas de seguridad” señaló Walter Menchú, analista de Seguridad Ciudadana del CIEN
DIGICI y DIGICRI no cumplen con sus funciones
Existe una percepción generalizada en los expertos, que señala que los entes de inteligencia no están cumpliendo con sus funciones adecuadamente, sobre todo luego de que La Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación, fuera sindicada de supuestos casos ilegales de espionaje, desde allí ha perdido la importancia que tenía, y se sabe que no está respondiendo en la formulación de productos de inteligencia criminal que le corresponden.
También se propone esclarecer en el plano de la gestión estratégica interinstitucional el modelo del diseño institucional de la investigación criminal, particularmente el rol de PNC y DIGICRI, para evitar duplicidad de funciones.
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