Ciudad Guatemala
Por mayoría los magistrados de la CSJ resolvieron rechazar la solicitud de retiro de inmunidad, contra la candidata a la presidencia Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, dio a conocer que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó por mayoría el antejuicio solicitado contra Sandra Torres así como diputados de la UNE. Por el caso que se buscaba investigar a Torres ya se habían realizado capturas y allanamientos contra exdiputados del partido.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había solicitado el antejuicio contra Torres y el retiro de inmunidad los diputados: Karina Alejandra Paz Rosales, Jairo Joaquín Flores Rivas, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales.
Magistrados que votaron a favor señalaron que se rechazó “por no tener elementos de razonabilidad suficientes”, con los votos en contra parcial de la magistrada Silvia García, votó para que se rechazará la solicitud contra los diputados pero se continuará con Sandra Torres. Y voto en contra por la magistrada Morales Aceña y por la magistrada Delia Dávila.
Antejuicio 59-2019.#OJEsTransaparencia#Justicia24Horas pic.twitter.com/rYAnqwJa6w
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) 27 de febrero de 2019
El pasado 6 de febrero el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron un operativo con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el que se ejecutaron órdenes de aprehensión contra exdiputados de la UNE y la solicitud de antejuicio contra diputados y la candidata a la presidencia Sandra Torres, a quien se buscaba investigar por los delitos de Asociación Ilícita y Financiamiento Electoral no registrado.
La investigación de la fiscalía reveló que los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE, han sido cuantificados en Q. 19,531,753.10. Por este caso se solicitó el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial de la agrupación política Sandra Torres por el delito de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
CSJ rechaza solicitud contra Radford
El otro antejuicio que conoció la CSJ fue el del presidenciable del partido Fuerza, Mauricio Radford, que también fue rechazado por mayoría bajo el mismo argumento que el de Torres.
Acá el MP buscaba que se le investigará por supuestamente haber colaborado con la alteración del acta de una asamblea del partido para postular a un candidato a diputado en 2015, sin que este hubieses asistido a las asambleas como lo ordena la ley.
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El caso que el MP y CICIG presentó contra Sandra Torres
Según lo revelado por las autoridades, el partido de la UNE utilizó tres empresas durante la campaña de 2015 para financiar ilícitamente la misma.
Se indicó que las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. funcionaron como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
La investigación estableció que a través las entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político, por medio de un cheque a nombre de MAARIV, S.A .
Según la investigación los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó un total de Q 3.458.407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de PROHABSA, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy día diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. representada legalmente por el señor Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE y de la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A. vinculada a la familia del candidato vice presidenciable, señor Mario Roberto Leal Castillo.
Las conclusiones de la investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE, entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG.
Según lo indicado por las autoridades la investigación conjunta del MP con apoyo de la CICIG, se derivaron del caso “Traficantes de Influencias”, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presentó.
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