El Ejecutivo ha pedido públicamente al todavía funcionario que se presente a los tribunales, mientras que exfuncionarios de la cartera reconocen que desde el Viceministerio de Seguridad se pudo anticipar la orden de captura de Rivera y facilitar la fuga.
Ser el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación habría facilitado la fuga de Kamilo Rivera, señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ejecuciones extrajudiciales y tortura.
Rivera es hasta ahora el segundo en la línea de mando de la cartera del Interior y bajo su cargo están las direcciones generales de Migración, de la Policía Nacional Civil (PNC), del Sistema Penitenciario (SP) y de Inteligencia Civil, según el Manual de Organización del Ministerio de Gobernación.
El todavía viceministro de Gobernación fue declarado prófugo de la justicia el pasado lunes; tiene una alerta en la Interpol y hay una orden de arraigo en su contra.
Según información de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el funcionario salió el lunes pasado de su vivienda, a eso de las 4 de la mañana en un vehículo particular y sin custodia policial, pese a que por el cargo que ostenta tiene asignados varios agentes de PNC.
También se tiene información de que Rivera se trasladó a las instalaciones del Ministerio de Gobernación, pero el ministro, Enrique Degenhart asegura que la última comunicación que hubo entre ambos fue el sábado.
Una carta que fue recibida por el Ministerio de Gobernación reveló que Rivera habría presentado su renuncia el 29 de octubre el mismo día que se giró la orden de su captura, sin embargo la misma habría llegado hasta el Mingob este 31 de octubre según el sello de la misma.
El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, señala que lo más grave en el caso del viceministro es que tuvo acceso a información privilegiada por el puesto en que se desempeña, y que eso habría servido para procurar su escape.
“Esa procuración es gravísima para un viceministro, y en particular para él. No es cualquier viceministro el que se fugó, es el encargado de la seguridad, bajo su mando está la policía”, indicó Menocal.
El exfuncionario resaltó que, independientemente de la presunción de inocencia, Rivera, al igual que cualquier guatemalteco que tiene orden de captura debe acatar la disposición judicial. Además, señala que los agentes de PNC que le brindaban seguridad debieron ejecutar esa orden.
Por su parte, el también exministro de la cartera, Francisco Jiménez, señala que, aunque no se puede confirmar si el viceministro utilizó o no información privilegiada, “es extraño que no estuviera en su casa al momento de ejecutar la orden de captura”.
El exfuncionario también dijo que el gobierno enviaría un “mal mensaje, si no se es contundente y estricto con enviar un mensaje de que sus funcionarios deben cumplir la Ley”.
“Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la presunción de inocencia, pero todos tenemos la obligación de cumplir la Ley, por ende, todos debemos responder ante cualquier acusación que se nos haga”, reiteró Jiménez.
Para Adela de Torrebiarte, también exencargada de la cartera, cualquier ciudadano, en especial si es un funcionario público, debe solventar su situación cuando es acusado de algún delito.
“En este caso si hay un agravante, se trata de un funcionario de Estado, no sé si es culpable o no, no me corresponde, pero es lamentable que un funcionario esté señalado, se tiene que presentar”, afirmó De Torrebiarte.
Degenhart indicó el lunes que Rivera tiene tres días para presentarse a sus labores, según lo establece la Ley de Servicio Civil, plazo que vence el miércoles.
Rivera, como cualquier otro guatemalteco, debe presentarse ante la justicia para solventar su situación y el Ejecutivo hace un llamado para ello, aseguró el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito.
El presidente Jimmy Morales puso como ejemplo su situación familiar, para disuadir públicamente a Rivera de huir de la justicia.
“Como familia hemos dado el ejemplo”, dijo Morales evocando el proceso que enfrenta su hijo, José Manuel y su hermano Samuel, sindicados en el caso Botín Registro de la Propiedad.
“El que tenga situaciones que arreglar con la justicia y es convocado, citado o llamado, lo más prudente es que se presente ante la justicia, con sus abogados a poder enfrentar la situación”, insistió el mandatario.
Por ahora, según el presidente Morales, no se ha pensado aún en un posible sustituto de Rivera en el Viceministerio de Seguridad.
“Obedeciendo nuestras leyes y todos los temas de la carrera, debemos permitir que las personas puedan esclarecer sus temas y estaremos en la disposición de hacer los nombramientos en cumplimiento de las leyes judiciales y administrativas”, dijo Morales.