Ciudad Guatemala
La petición de la Corte de Constitucionalidad a dos Universidades para tener un informe de la población Xinca que debería ser consultada por el caso de la Minera San Rafael fue interpretada como una falta de respeto a la existencia e identidad por representantes del pueblo Xinca.
Miembros del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala y de la Resistencia pacífica de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, marcharon desde el Obelisco por la Avenida La Reforma hasta el Congreso de la República y La Corte de la Constitucionalidad este 9 de abril para manifestar su rechazo por la solicitud de la Corte de informes para determinar su existencia, lo que califican como falta de respeto y negación de su existencia e identidad.
Rechazan también todo tipo de injerencia en las Cortes.
Jorge Tobias Pineda, uno de los representantes de la Resistencia Pacífica leyó el comunicado en el que manifestaban entre otras cosas la preocupación por la inversión de la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM) como medida de ¨presión¨ buscando una solución favorable a la Minera San Rafael.
Denunciaron que el agua para consumo humano ha disminuido y que comprenden la complejidad del caso, por lo que han esperado ante la necesidad de discutir el modelo de desarrollo para el país.
Además señalaron que las causales de este proceso son diferentes de las del Caso Oxec por lo que piden no fundamentarse en esa sentencia para este caso.
A ellos se unió el Movimiento de Mujeres indígenas Tzununijá, que presentaron un Amicus Curie ante la corte en solidaridad a las mujeres del pueblo Xinca.
Javier Zepeda de la Cámara de Industria de Guatemala respondió a estos señalamientos asegurando que respetan el derecho a manifestarse, pero que debería evaluarse si las personas que participaron en dicha manifestación viven en el área que ocupa la minera o si pudieran tener una afectación por la misma, Añadió que la participación de personas de CUC o CODECA ¨es algo que también pone en duda la legitimidad de dicha manifestación¨ ya que ellos no están inmersos en el proceso legal que se está llevando a cabo.
Recordó que van más de 140 días sin que la Corte resuelva y que el cese de operaciones ha costado empleos directos e indirectos e incididos negativamente en la economía.
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