Búsqueda independencia judicial

En un comunicado, ese organismo europeo aboga para que la administración de Jimmy Morales “respete plenamente el orden constitucional, en particular la independencia del tribunal constitucional”, al tiempo que respalda la postura de la Secretaría General de ONU en torno a que la Cicig debe continuar funciones hasta septiembre de 2019, cuando termine su mandato.

Pero el organismo hace ver que durante el tiempo que le queda a la comisión se debe “respetar la integridad el personal nacional y extranjero y brindar toda la protección necesaria”.

También se refiere a la comisión en estos términos: “Desde su creación, la Cicig ha estado trabajando muy exitosamente de la mano con las autoridades judiciales de Guatemala para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer el estado de derecho. Sus logros fueron reconocidos a través de la renovación de su mandato en varias ocasiones. Cicig se ha beneficiado del apoyo financiero de la UE y de los Estados miembros de la UE desde su creación.

La UE reitera su voluntad de continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema judicial de Guatemala en cooperación con las autoridades del país”.

La UE considera asimismo que “Guatemala debe fortalecer aún más su estado de derecho para garantizar la estabilidad” y que seguirá vigilando de cerca la situación y “reaccionará a la luz de los acontecimientos”.

Así, la UE se suma al G13 (embajadas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido), que el martes últimos expresó “preocupación por los acontecimientos de los últimos días”, y resaltó que es importante que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de Derecho y la separación de poderes.

Países cooperantes, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, han hecho declaraciones sobre el cese unilateral de la Cicig. Estados Unidos se expresó preocupado por el futuro de la lucha contra la corrupción, y Canadá y Alemania rechazan la decisión presidencial.

La CIDH expresó por medio de un comunicado su preocupación por las últimas medidas adoptadas por el Gobierno contra la Cicig que ponen en entredicho la capacidad del Estado de mantener sus compromisos internacionales.

La misiva hace un minucioso historial de las maniobras y decisiones del Ejecutivo para diezmar y limitar las acciones de la Cicig, como la revocación de las visas para los fiscales extranjeros, la retención por 23 horas del investigador Ylsen Osorio por autoridades migratorias y el retiro de agentes asignados para el resguardo de personal de esa entidad, entre otros.

La CIDH cree que es fundamental mantener la independencia de poderes y que es imperativo acatar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y ve con preocupación la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar la intención de retirar la inmunidad a tres magistrados de la CC.

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Alemania insta “reconsiderar” su decisión

Alemania instó el jueves al Gobierno de Guatemala a “reconsiderar” su decisión de poner punto final de forma unilateral e inmediata al convenio de Cicig.

El Ministerio de Exteriores, que recalca que “Alemania es un importante donante y sustento” de la Cicig, se mostró “preocupado y decepcionado” por el anuncio presidencial.

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El país centroamericano “sigue siendo instado a proseguir con sus esfuerzos para reforzar el Estado de derecho y la democracia para el bienestar de todos los ciudadanos del país”, agrega el Ministerio.

A juicio de Berlín, la comisión ha desempeñado en los 11 años que lleva en funcionamiento “una importante contribución en el refuerzo del Estado de derecho en Guatemala”.

Además, el Gobierno alemán considera que la Cicig supone una “señal a la población de toda la región” centroamericana, “de que se puede proceder de forma eficaz contra la corrupción y la impunidad”.

Herramienta importante

La canciller dijo que el gobierno canadiense mantendrá su compromiso de apoyar la justicia y la buena gobernanza para Guatemala.

Canadá es uno de los países donantes de la Cicig y ha apoyado a Guatemala en varios programas sociales y proyectos de desarrollo desde 1976.

Muertos, heridos, desaparecidos, detenidos y numerosos condenados por terrorismo. Esas han sido las consecuencias en Nicaragua de cerca de seis meses de protestas en contra del gobierno presidente Daniel Ortega.

Ahora las autoridades nicaragüenses han prohibido cualquier tipo de manifestación sin autorización previa.

Esto, sin embargo, no ha logrado acabar con la ola de protestas que empezó en abril pasado y que el gobierno nicaragüense considera un intento de golpe de Estado.

Esta semana una barra de lápiz labial se convirtió en la nueva e inesperada arma de quienes exigen la salida de Ortega.

En las redes sociales, numerosas mujeres y hombres están compartiendo fotos en las que aparecen con los labios pintados.

#SoyDelPicoRojo, proclaman orgullosos y retadores, utilizando el nombre coloquial con el que los nicaragüenses se refieren a la boca.

Y, a menudo, la imagen va acompañada de un llamado a la liberación de “los presos políticos” o de la etiqueta #SOSNicaragua.

A la improvisada campaña se han sumado numerosos nicaragüenses, incluyendo a algunos que residen en el extranjero, como la activista por los derechos humanos Bianca Jagger y el salsero Luis Enrique.

Y su historia puede ayudar a entender mejor qué está ocurriendo en el país centroamericano, que en pocos meses pasó de presumir ser “el más seguro” de la región a ser objeto de graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

Bajo arresto

La protesta “del pico rojo” nació el domingo pasado en el centro de detención de El Chipote, luego de que la policía arrestara a 38 personas que se habían reunido frente a un centro comercial de Managua para exigir la liberación de los detenidos por el gobierno.

Unas 200 personas han sido acusadas de “actos vandálicos y terrorismo”, entre otros delitos, y al menos 12 ya han sido sentenciadas a penas que van de los 15 a los 24 años de cárcel.

Pero, según estimaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el número total de “presos políticos” ya ronda los 500.

Los 38 capturados domingo, sin embargo, eran los primeros en ser arrestados después de que la Policía nicaragüense advirtiera que no se iban a permitir movilizaciones sin su autorización previa.

Entre ellos estaba Marlen Chow, una antigua simpatizante sandinista, quien una vez en El Chipote, decidió utilizar su lápiz labial como forma de protesta.

“Cuando me preguntaron a qué organización pertenecía yo me acordé de que Claribel Alegría, la gran poeta, una vez fundó la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo”, relató luego Chow, de 69 años.

“Yo siempre que voy a las marchas llevo mi lápiz labial rojo, así que había sacado mi pintura y les dije a todas las mujeres que se pintaran de rojo los labios. Y entonces dijimos: ‘Somos de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses de Pico Rojo’“, contó.

Según Chow, que fue dejada en libertad al día siguiente, su respuesta desconcertó a sus interrogadores, porque les demostró “que no estábamos dispuestos a achumicarnos (atemorizarnos)”.

Pero su sencillo y desafiante gesto también hizo algo más: les dio a los nicaragüenses que protestan contra Ortega una nueva forma de expresar su descontento sin exponerse a la cárcel.

Condenados por terrorismo

De hecho, el mismo lunes que Chow daba sus declaraciones, nueve habitantes del vecino municipio de Tipitapa fueron condenados a penas de entre 15 y 24 años de cárcel por “terrorismo en prejuicio del Estado de Nicaragua”, por su participación en los bloqueos de carreteras que caracterizaron la primera etapa de las protestas.

Y el martes, tres dirigentes universitarios de Managua – Hansell Vásquez, Kelvin Rodrigo Espinoza y Marlon Fonseca- recibieron una condena de 17 años y seis meses por terrorismo, tráfico de armas y entorpecimiento de servicios públicos.

Los tres estudiantes estaban acusados, entre otras cosas, de haber participado en la quema de la oficialista Radio Ya, uno de los episodios presentados por el gobierno como evidencia del supuesto talante violento de las protestas.

Pero su juicio fue denunciado por sus familiares como injusto, además de “ilegal y arbitrario”, con la madre de uno de los condenados asegurándole a la BBC que los tres jóvenes se encontraban en su casa en el momento del incendio.

“Si ni siquiera nos permiten entrar a los juicios”, se quejó Lilliam Ruíz, cuando se le preguntó si había podido testificar durante el proceso.

Las versiones radicalmente encontradas sobre lo que ha estado ocurriendo en el país durante los últimos seis meses, además de profunda desconfianza en el sistema de justicia, no es lo único que actualmente divide a los nicaragüenses.

Versiones encontradas

Las autoridades solamente reconocer 199 muertos en el marco de las protestas y aseguran que buena parte de los fallecidos eran afines al gobierno.

Las cifras de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos van de 322 fallecidos a 512, y todos apuntan al Estado nicaragüense como responsable de la mayoría de las muertes.

Además, tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido el cese de la represión y la no criminalización de las protestas.

“Las detenciones arbitrarias del domingo han puesto en práctica las amenazas de Ortega de criminalizar a toda persona que se atreva a disentir en contra de su gobierno, y ejercer su derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica”, lamentó también Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Y esa situación también explica por qué muchos nicaragüenses recurren a formas cada vez más creativas para presionar a Ortega.

Las reticencias del sector privado de convocar el paro nacional que reclaman muchos, ha dado lugar a llamados de paros de consumo.

En septiembre pasado, para coincidir con las fiestas de celebración de la independencia, muchas calles se llenaron de globos con los colores azul y blanco, que muchos eligieron lanzar subrepticiamente en lugar de convocar a manifestaciones que pudieran ser atacadas por los grupos paramilitares afines al gobierno.

Y ahora, muchos protestan a través del sencillo acto de pintarse los labios, aunque a Chow le preocupa que la sátira termine variando el sentido político de su gesto, con algunos creando memes en los que aparece el propio Daniel Ortega y varios de sus allegados con la boca pintada.

“El pico rojo debe animar a la gente a seguir está difícil resistencia pacífica y contribuir a sacar del atolladero esta carreta llamada Nicaragua”, opina Chow, quien pertenece al Movimiento Autónomo de Mujeres, una de las principales organizaciones feministas de Nicaragua.

“El pico rojo debe contribuir a que la opinión pública esté clara de la importancia de la creatividad para abrir caminos nacionales e internacionales que coadyuven al derrocamiento de la dictadura”, le dijo a BBC Mundo.

Por orden del juez Claudio Bonadio, comenzó al mediodía un enorme operativo en un departamento de Kirchner en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados.

Las pesquisas en el departamento de más de 200 metros cuadrados proseguían nueve horas más tarde. Los peritos revisan la estructura para compararla con los planos y contrastar con relatos de imputados que se han acogido a la figura de arrepentido y colaboran con la justicia.

En la calle, un grupo de partidarios que creció en tamaño a medida que pasaban las horas expresó su apoyo a la exmandataria con carteles y consignas.

En la tarde, otras brigadas ingresaron a la casa de Kirchner en Río Gallegos, una propiedad de dos pisos con amplio jardín que le sirve como lugar de descanso en la Patagonia, extremo sur de Argentina. La revisión allí terminó al anochecer.

Autorizados el miércoles por el Senado, los allanamientos se llevan a cabo sin la presencia del juez ni del fiscal Carlos Stornelli.

Kirchner posee una tercera casa en El Calafate, también Patagonia, pero su registro se realizará posiblemente este viernes.

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Esta medida fue requerida por Bonadio y necesitaba la aprobación del Congreso dado que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios, por los cuales no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.

Tras la sesión parlamentaria en la que ella misma estuvo presente, Kirchner se retiró a la casa de su hija Florencia, donde pasó la noche. El jueves por la tarde se dirigió al Instituto Patria, sede de su formación política, sin hacer ninguna declaración pública.

La senadora, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.

Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.

Inspección en el convento

Paralelamente, la policía realizó este jueves una inspección ocular en un convento de monjas a las afueras de Buenos Aires, donde en 2016 el exviceministro de Obras Públicas José López fue capturado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en efectivo.

López, detenido desde entonces y en pleno juicio oral por aquel episodio, ha comenzado a colaborar en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

El proceso judicial se inició hace menos de un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años (2005-2015) recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.

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El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.

A los apuntes del chofer se agregaron las confesiones de varios empresarios que decidieron colaborar con la justicia y evitar así quedar detenidos, y más recientemente dos exfuncionarios de la gestión kirchnerista.

Desapego

En el discurso ante el Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.

“Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada”, aseveró.

Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno del presidente Mauricio Macri, dijo este jueves que ve en la expresidenta “un profundo desapego a lo institucional y un profundo rechazo a la justicia”.

De su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que Macri “tomó la decisión desde el primer día de que haya total independencia del poder judicial, de la prensa y de aquellos actores que puedan proveer información”.

Se declara “válida la elección” presidencial y que López Obrador “satisface los requisitos de elegibilidad, por lo que se le declara Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras una sesión en la que los magistrados votaron por unanimidad.

“¡Viva México!”, clamó López Obrador tras recibir la constancia del Tribunal en un evento solemne. Es “el inicio de un proceso de cambio verdadero (…) no les voy a fallar a todos los ciudadanos”, dijo.

“Condiciones políticas inmejorables”

El izquierdista, conocido como AMLO por sus iniciales, contendió por una coalición política encabezada por su partido Morena, y asumirá el sexenio presidencial el 1 de diciembre con la promesa de un gobierno austero que acabará con los privilegios de la dirigencia política para combatir la desigualdad económica y social.

El presidente electo prometió combatir la violencia que sofoca al país y actuar con “rectitud y respeto” frente a los otros poderes de la nación.

López Obrador será el primer presidente desde las elecciones de 1994 en contar con mayoría absoluta en el Congreso bicameral: Morena tendrá junto a sus aliados 307 de los 500 escaños en la Cámara de Diputados y 69 sobre 128 en el Senado.

En julio, López Obrador no pudo asistir a una cumbre de la Alianza del Pacífico en México como había previsto porque aún no contaba con el certificado de presidente electo.

“¡Te queremos!”

Decenas de medios y cientos de partidarios de López Obrador aguardaron durante horas afuera del Tribunal Electoral para ver llegar al futuro presidente mexicano, y siguieron la ceremonia a través de pantallas gigantes.

“¡Te queremos AMLO, te queremos!”, gritaba la gente que se arremolinó cuando López Obrador salió a mostrar su constancia.

En su trayecto en auto hasta la puerta principal del Tribunal, una muchedumbre invadió las calles para saludarle desde las banquetas con banderas y pancartas. Si su auto se detenía en algún semáforo, las personas corrían a tomarse una foto con él o regalarle flores.

Estas muestras de afecto contrastan con las violentas manifestaciones que ocurrieron cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón acudieron por sus constancias al Tribunal, en 2012 y 2006 respectivamente. Ambos llegaron en helicóptero en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y tuvieron que entrar al recinto por la puerta trasera.

López Obrador fue candidato presidencial en las dos elecciones precedentes. Durante meses denunció un fraude electoral y contestó las victorias de Calderón y Peña Nieto.

El Tribunal Electoral recibió este año 286 impugnaciones contra los resultados, pero todas fueron desestimadas o declaradas improcedentes.

El 1 de julio se renovaron más de 18.000 cargos, incluyendo los escaños del Congreso bicameral, varias gobernaciones estatales y alcaldías, después de tres meses de la campaña electoral más sangrienta de la historia reciente de México, con más de 145 políticos asesinados, según la consultora Etellekt.

Una nación que quiere abandonar su historia colonial, pero ¿cuáles son las cargas financieras que conlleva aniquilar los vestigios del pasado?

El pasado mes de abril, uno de los últimos monarcas absolutos del mundo se dirigió a una multitud reunida en un pequeño estadio deportivo en el sur de África.

“Los países africanos, al lograr la independencia, recuperaron sus antiguos nombres antes de ser colonizados”, dijo el rey Mswati III a los reunidos allí.

En ese momento él todavía era el rey de Suazilandia, pero no por mucho tiempo.

“De ahora en adelante, el país será oficialmente conocido como el Reino de eSuatini“, anunció.

El nombre, en realidad, no era nada nuevo para sus habitantes, ya que habitualmente lo usaba la población local. Lo que fue una sorpresa absoluta fue el cambio en la designación oficial.

Superado el asombro, con el anuncio ya hecho ley, muchos se quedaron con la duda de cómo se efectuaría el cambio. Y, cómo no, qué gastos implicará para una economía no pobre, pero tampoco rica y con apenas 1,5 millones de habitantes.

Pasado colonial

Al igual que muchos países de África, el pequeño eSuatini, que limita con Mozambique y Sudáfrica, ha luchado por redefinirse en su era poscolonial.

El rey Mswati III eligió la celebración de los 50 años desde el fin del dominio colonial británico para anunciar la medida que tomaría forma de decreto.

La medida ha sido controvertida. Bheki Makhubu, periodista y editor de la revista local The Nation, dice que la gente ya estaba acostumbrada al hecho de que el rey se refiriera a su país como eSuatini pero, en su opinión, hacer que el cambio sea oficial captura perfectamente su estilo de gobierno.

“Hace prácticamente lo que le gusta con el país“, dice Makhubu quien cree el monarca trata los asuntos de Estado como si fueran personales.

Cambiar el nombre del país no es algo superficial. Es una modificación de fondo y forma, dice el abogado y bloguero en materia de propiedad intelectual Darren Olivier.

“Hay un valor intrínseco en esa identidad y lo que significa para la gente”, señala. “Pero al mismo tiempo hay un costo”, puntualiza.

Precio al cambio

Y eso es precisamente lo que intriga a muchos: ¿cuál será el precio a pagar por el nuevo nombre?

Poco después del anuncio del rey Mswati III, Olivier publicó en su blog que le costaría al país US$6 millones.

Calculó esto en base a los ingresos imponibles y no imponibles del país en alrededor de US$1.000 millones. Para una gran empresa, el presupuesto promedio de marketing es del 6% de sus ingresos, dice.

Según estos cálculos, los ingresos de eSuatini serían de US$60 millones. Teniendo en cuenta que los costos para cambiar de nombre suelen ser del 10%, esto da la cifra de US$6 millones.

Olivier apunta que, para un país tan pequeño, la cantidad “no es insignificante“.

Admite que su estimación es muy “retrospectiva” y se basa principalmente en suposiciones sobre cómo funciona el cambio de marca en contextos corporativos, como cuando una empresa cambia su nombre, pero es una conjetura potencialmente útil dado que nadie sabe realmente el verdadero costo.

“La documentación, el sitio web, la señalización de las propiedades gubernamentales, las agencias gubernamentales: hay un enorme gasto y uno debe preguntarse desde el principio si esto es realmente necesario“, dice Jeremy Sampson, director ejecutivo para África de la firma de marketing Brand Finance.

Otros lo hicieron antes

En la vecina Sudáfrica, los cambios en los nombres de las calles coloniales en la ciudad de Pretoria, por ejemplo, han costado millones de rands (la divisa sudafricana).

A mediados del siglo XX, el líder de Kenia decretó que los nombres de las calles locales debían cambiarse a versiones no coloniales. El proceso tomó años.

E incluso en Berlín, los nombres de las calles en el barrio africano vinculados con la historia colonial han sido marcados para su eliminación.

Una carga añadida del postcolonialismo es, por tanto, el costo que implica deshacerse de los vestigios del pasado.

Reducir gastos

Dada la incertidumbre, el gobierno aseguró que el cambio de nombre no sería ni perjudicial ni costoso. Se haría de forma gradual y aprovechando algunos útiles, como los sobres de correspondencia con el antiguo nombre del país.

“Esperaremos a que se termine el stock que tenemos”, explicó el ministro del Interior, Princesa Tsandzile Dlamini, a la prensa.

También dijo que en la documentación oficial y los tratados internacionales el antiguo nombre sería equivalente al nuevo para evitar que los inversores extranjeros tuvieran que incurrir en gastos extraordinarios.

Uno muy significativo fue la adopción del cambio de nombre que hizo la junta de turismo de eSuatini, ya que es la ventana con la que el país se muestra al mundo y por la cual el mundo se asoma al país.

¿Y los mapas?

El geógrafo Peter Jordan, de la Academia de Ciencias de Austria, dice que hay una diferencia entre el nombre que un país usa internamente (el endónimo) y el nombre que otros usan para referirse a él externamente (el exónimo).

“No es necesario cambiar mucho”, explica Jordan, “pero generalmente los atlas y los mapas muestran el exónimo”.

Quizás por eso en Google Maps, a pesar de ser un servicio digital donde el cambio se puede hacer rápidamente, eSuatini sigue apareciendo como Suazilandia.

Otros se han adaptado al cambio más rápido. Como por ejemplo la embajada de Estados Unidos en eSuatini cambió rápidamente el nombre en su cuenta oficial de Twitter.

Pero mientras para algunos usar uno u otro nombre es más una preferencia individual, el cambio sigue generando mucho debate en el país.

“Rechazamos el cambio del nombre (…) No es el resultado de un proceso consultivo”, dice Mlungisi Makhanya, secretario general del Movimiento Democrático Unido del Pueblo (PUDEMO), un partido socialista de oposición del pueblo suazi.

A él, como a muchos en el país, le preocupan la falta de transparencia y los costos.

También se dan algunas incongruencias, cuenta. El Banco Central de Suazilandia cambió recientemente su nombre por el del Banco Central de eSuatini, señala Makhanya, pero las monedas y los billetes están aún desactualizados.

Otros están en total desacuerdo. Andrew Le Roux, presidente de la Federación de Empleadores y Cámara de Comercio de Suazilandia, cree que es una oportunidad para que los suazis decidan quiénes son y cómo quieren representarse ante el mundo, asegura.

“El cambio de nombre generó más tráfico que casi cualquier otra noticia de Suazilandia en los últimos años”, sostiene

¿Verán otras naciones a eSuatini como una nación renovada, un lugar con el que deberían estar haciendo negocios? Quizás.

Si es así, puede que tan controversial medida haya merecido la pena pero no hay garantías. Y a aquellos suazis que dicen que el cambio es una distracción de asuntos más serios, no les falta razón.

Los números hablan por sí solos: por cada 100 casos de asesinato, solo en cinco se condena a un responsable.

Las razones que explican la alta impunidad son varias y los errores y deficiencias se suceden en todos los eslabones de la investigación.

El combate a la impunidad es uno de los grandes retos del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y él mismo lo puso en el centro de su agenda, tanto en campaña como tras resultar ganador de las elecciones del domingo.

Hay estados donde el dinero no llega, y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En los lugares a los que sí llega el dinero, se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.

La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. Y hay más problemas. La mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas para investigar homicidios.

Peor: hay casos que sí se investigan, pero más que buscar la verdad, lo que importa es tener un detenido, aunque no sea culpable.

La excepción y no la regla

Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557 personas en México, pero en el 94,8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto arroja la tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.

El proceso para investigar un homicidio en México involucra a policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público (o fiscales), pero en cada nivel hay sobrecarga de trabajo.

En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1,8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el número de fiscales, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.

Pero el problema no es solo el número de policías y fiscales, también lo es su capacitación.

Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios del estado de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.

Pero nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. “Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo”, le reconoció al portal de noticias Animal Político.

El problema se repite con los policías preventivos, que se encargan de resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Es la primera autoridad que interviene.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2.463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para “preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso”.

Casos perdidos desde el inicio

En noviembre de 2017, las autoridades de Sinaloa recuperaron un cuerpo femenino de una fosa clandestina en Culiacán.

Tal como consta en los registros fotográficos del momento, el cadáver lo procesó personal de una funeraria privada, no peritos médicos o antropólogos forenses.

La explicación: en esta ciudad, capital del estado, no hay personal ni equipo suficiente para levantar todos los cadáveres que la violencia del crimen organizado va dejando.

“Cuando llegan (los de las funerarias), literalmente arrancan un pie o una mano con las palas, y eso no se hace”, le dijo a Animal Político Juan Carlos Saavedra, hermano de un policía sinaloense desaparecido.

Debido a estos procedimientos, detalla Juan Carlos, paramédico de profesión, se alteran los resultados de las posteriores necropsias que se hacen a las víctimas, ya que a los cuerpos se les añaden nuevas lesiones y, como el personal de las funerarias no está capacitado, se contaminan las evidencias.

Enrique Inzunza Cázares, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Sinaloa, confirma que el déficit en capacitación de los policías locales repercute en los casos.

“No dominan conocimientos básicos y eso tiene consecuencias muy graves: que los elementos que se recogen en la escena son declarados prueba ilícita, y luego no sirven para ser invocados en un juicio. La gravedad es esa, que el primer respondiente no sepa actuar conforme a estos estándares: echa a perder todo el caso, desde el inicio”.

Karen es una joven especialista en química, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Nayarit. Su trabajo es estudiar el ADN de personas asesinadas para, antes que nada, tratar de averiguar sus nombres.

Sin embargo, desde hace un año no ha podido estudiar una sola muestra de los cadáveres que se han encontrado en Nayarit —estado en el que el número de asesinatos aumentó un 747% en 2017 con respecto al año anterior— porque en su laboratorio el único aparato que aún funciona es un refrigerador doméstico.

Ahí, la especialista resguarda “entre 500 y 600 muestras genéticas”, con la esperanza de que algún día pueda analizarlas. Pero esta no es una situación excepcional.

En México existen al menos 35.000 cuerpos de personas sin identificar, que están almacenados en los Servicios Médicos Forenses y fosas comunes que la autoridad opera en cada estado del país, según datos que difundió en abril de 2018 la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En la gran mayoría de esos casos, esos crímenes contra personas no identificadas nunca se investigan, ya que el inicio de la averiguación es el reconocimiento de la víctima, destaca un perito de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México —cuyo nombre se resguarda por seguridad—.

Cuando se tiene un homicidio en el que no se sabe el nombre de la víctima, “ese caso se archiva y solo se reabre si alguien reconoce a esa persona”.

Víctimas que se convierten en investigadores

Debido a los errores y deficiencias en las fases previas de la investigación, en México solo una minoría de los casos de homicidios llegan a su judicialización.

Ante la falta de avances en los casos, muchas veces son los propios familiares los que se convierten en investigadores.

Es el caso de la familia de Elionahe Chávez Rivera, una joven de 32 años asesinada en San Luis Potosí en 2014.

La captura de su asesino fue producto de una investigación exhaustiva, pero no de las autoridades, sino de la familia de Elionahe.

Debido a la “falta de recursos” para realizar diligencias de búsqueda que argumentó el ministerio público, la familia tuvo que realizar su propia indagatoria e incluso contrató a un detective privado que consiguió la relación de llamadas telefónicas y mensajes de texto con los que el sospechoso acosaba a su víctima.

La familia de Elionahe también recabó videos de cámaras de vigilancia en donde se ve al sospechoso acechando el centro de trabajo de Elionahe. Solo entonces las autoridades decidieron capturarlo.

Ya detenido, el hombre confesó el homicidio de Elionahe y de otras cuatro mujeres.

En Sinaloa y Veracruz son los familiares de las víctimas organizados en colectivos las que buscanen fosas clandestinas los cuerpos de personas asesinadas, porque no confían en la policía. En Guerrero se organizan para financiar pruebas de ADN, ante la falta de recursos del gobierno.

“Las víctimas, en muchas ocasiones, son las que aportan, las que van y se meten a los pueblos, las que escarban con palas para encontrar restos. Si eso lo puede hacer una persona con sus propios recursos, por supuesto que lo puede hacer una autoridad con más recursos y con una planeación”, le dice a Animal Político Sofía Velazco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Nuevo León.

Fabricar culpables

Para José Alberto Mosqueda, juez y secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso hablar de que en el 5% de los casos hubo justicia, es cuestionable.

“La impunidad tiene muchas aristas. La impunidad no se constriñe a tener un culpable porque impunidad es también que la persona que no debe estar adentro (de la cárcel) lo esté”, dice.

Alejandro, quien pidió usar un nombre ficticio, es un policía de investigación con 15 años de experiencia en la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Cuando Alejandro habla de “resolver” un homicidio se refiere a tener un culpable a quien presentar ante el juez. Como sea.

En su experiencia, la confesión o la delación son las únicas pruebas válidas para llevar a alguien ante el juez y, por lo tanto, las únicas que le importa obtener. “No sirven los peritajes ni las evidencias. La única forma de probar un asesinato es hacer que alguien te diga ‘yo fui’ o que te digan ‘fue él'”, le dice a Animal Político.

Rosalinda Quintanar dice que su hijo fue víctima de ese sistema. Yarold Christian Leyte Quintanar fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por el homicidio calificado de María Teresa González, cometido en Veracruz en 2012.

La sentencia contra Yarold, dice su madre, se basa en irregularidades que involucran a toda la cadena de investigación de un crimen: el acusado ‘confesó’ bajo tortura, la víctima no fue asesinada donde dijo el acusado, no hay pruebas de sangre o ADN que confirmen la presencia del acusado en la escena del crimen o que haya tenido contacto con el cuerpo de la víctima y el supuesto móvil del delito —que ella había acudido a su casa a cobrarle una deuda bancaria y por eso la mató— no se sustenta, porque Yarold no tenía deuda.

El uso generalizado de la tortura en la investigación judicial en México motivó una condena por parte de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas, en 2017. Ese hecho también lo confirman las estadísticas oficiales: registros de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales indican que, en una década, entre 2006 y 2016, en México se presentaron 15.000 denuncias por tortura.

Carlos Sinuhé fue asesinado el 26 de octubre del 2011 en Tlalpan, en la Ciudad de México. Su cuerpo se encontró con 16 impactos de bala que recibió al bajarse de un microbús.

Seis días después del asesinato de Carlos, el 1 de noviembre del 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, declaró que en el crimen había un móvil pasional —porque algunos de los disparos fueron en la zona pélvica— y que Carlos era una persona irascible. Agregó que se investigaba su posible vínculo con delitos de narcomenudeo.

Han pasado casi siete años desde su asesinato y este sigue impune. Carlos Sinuhé, al igual que miles de asesinados, está en ese 95% de impunidad en México.

Pero los niveles de impunidad en México se pueden revertir, coinciden expertos.

Para ello se necesita desde romper con la poca o nula independencia de las instituciones, hasta fortalecer cuestiones operativas de capacitación, investigación y acceso a recursos.

Por Bill Barreto y Sofía Menchú

La batalla contra este organismo surgió en septiembre del 2016 por la acusación de corrupción en contra de su hijo y su hermano, y se agudizó en agosto del 2017, cuando el Ministerio Público (MP) y la Cicig solicitaron retirarle la inmunidad para investigarlo por posible financiamiento electoral ilícito.

** Prensa Libre entrevistó a fuentes políticas, del Ejecutivo e inteligencia, que pidieron el anonimato por temor a represalias, y coincidieron en señalar a quienes asesoran a Jimmy Morales en esta estrategia.**

El pulso se libra en al menos tres planos: la estrategia institucional a escala local, la internacional y la mediática.

La estrategia fue asumida por el Ejecutivo luego de que cayeron en desgracia otros asesores cercanos al presidente, como el coronel Édgar Ovalle, exdiputado y oficial de inteligencia, prófugo por crímenes de lesa humanidad; y el diputado Herbert Melgar Padilla, hermano del general Érick Melgar Padilla, investigado por el caso Manipulación de la Justicia.

Este vacío de poder fue aprovechado, según fuentes de ese organismo, por un grupo con acceso al mandatario, que incluye a secretarios y asesores.

En el entorno presidencial se conoce al grupo de más confianza del mandatario como el Sanedrín, por el nombre que recibía en la antigüedad el consejo de sabios en Israel.

Círculo de confianza

El Sanedrín se formó a finales del 2016, pero se fortaleció en agosto del año pasado. El presidente comenzó a mostrarse irritado en reuniones de Gabinete cuando las investigaciones del MP y la Cicig comenzaron a tocar a su familia. Eso lo dejó vulnerable para ser influenciado.

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Fuentes alrededor de Morales aseguran que fue este grupo el que recomendó darle a la disputa con la Cicig un tinte ideológico y apelar a una defensa de la soberanía nacional. Además, se encontrarían entre los asesores que aconsejaron el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén para ganar apoyo en el exterior.

Este grupo también hace, periódicamente, un monitoreo de medios que utiliza para convencer al mandatario de que toda crítica hacia su gobierno es una confabulación premeditada contra él.

¿Quién es quién?

Según archivos públicos como nóminas de instituciones gubernamentales, el Registro Mercantil, Registro Nacional de Personas y otras fuentes documentales, este es el perfil del círculo más cercano al mandatario:

Duarte García, jefe de la SIE, es esposo de Brenda Zaldaña Bustamante, hija de Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia del Ejército y condenado a 25 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, por el caso Molina Theissen.

Zaldaña Bustamante es, además, sobrina del general Édgar Ricardo Bustamante Figueroa, jefe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) en el gobierno del Partido Patriota.

Duarte García fue director de Monitoreo y Comunicación de la STCNS entre 2013 y 2015, durante la gestión de Bustamante

Castro Montejo, subsecretario privado de Asuntos Políticos de la Presidencia, es sobrino del general de brigada Alan Leonel Castro Alvarado, comandante de la Segunda Brigada de Infantería, ascendido a este rango el año pasado por el presidente Morales.

El abogado también trabajó en la municipalidad de Mixco durante la administración de Otto Pérez Leal, en donde conoció a Othmar Sánchez, concejal durante este período por el partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN) con el cual Jimmy Morales compitió por esa alcaldía.

Eduardo Andrés Castro Montejo

Es amigo de Sánchez, investigado por el Caso Botín Registro, y colaboró con FCN-Nación en la pasada campaña electoral. Asimismo, el subsecretario trabajó en el Ministerio de Educación de junio a septiembre del 2014 en el seguimiento y sistematización de noticias durante la gestión del PP.

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Fue asesor profesional especializado entre mayo del 2014 y abril del 2016 en el Ministerio de Desarrollo, en la Unidad de Cooperación Internacional.

Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar y cuenta con un posgrado en Gerencia en Comercio Internacional por la Universidad de San Carlos de Guatemala, además, fue capacitado en el Weitz Center for Development Studies, una oenegé asociada a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel, Mashav.

César Orlando Ramírez Mendoza

Jefe de la SAAS, está casado con Silvia Lissette Ordóñez Castro, hermana de la exministra de Comunicaciones Sherry Lucrecia Ordóñez Castro, quien renunció 11 días después de haber asumido el cargo, al revelarse que había sido contratista del Estado y que tenía un adeudo tributario al tomar posesión. Además, brindó apoyo a FCN-Nación en la campaña del 2015.

El jefe de la SAAS es propietario de una empresa individual de servicios de comunicación con tres nombres comerciales: IAVI Producciones, Inversiones SSS y Ya Support’s Productions, las cuales recibieron entre 2013 y 2014 adjudicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes por Q141 mil 525.

José Alfredo Brito Ralón

El secretario de Comunicación Social es esposo de la magistrada Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien integra la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que favoreció con arresto domiciliario al hermano y al hijo del presidente, recomendó no retirarle la inmunidad al

difunto alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, y ordenó el cierre de la persecución penal contra la familia Bitkov.

Brito tiene una larga trayectoria en el Grupo Albavisión, propiedad de Ángel González, de 1993 al 2001 y del 2008 al 2015.

Cabrera Leonardo, asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia, es ingeniero en Electrónica, Informática y Ciencias de la Computación. Es hijo del coronel César Augusto Cabrera Mejía, oficial de inteligencia procesado por el caso de desapariciones forzadas Creompaz, en la zona militar 21 de Cobán, por el cual está prófugo el exdiputado Ovalle.

Cabrera Mejía también fue representante legal de la Empresa de Seguridad Privada Élite, y su hijo, gerente general, según reportes del Registro Mercantil y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Esta firma fue intervenida el 18 de abril de este año por defraudación tributaria y sus multas fueron reducidas en Q7.5 millones por Morales.

También estudió el doctorado en Seguridad Estratégica que cursó el mandatario. En su tesis doctoral analizó las bases de datos sobre seguridad del Estado y el papel de las redes sociales en la desobediencia civil, en el cual afirma que la sociedad civil “no abanderó la toma de plazas y calles” durante la crisis política del 2015.

¿La cortina Bitkov?

En el 2015 la familia Bitkov, de origen ruso, fue capturada como parte del caso Migración, el cual seguía a una red de falsificación de documentos, de los cuales, según la Fiscalía, la familia rusa fue usuaria. Los Bitkov fueron condenados, pero una resolución de la CC ordenó repetir el juicio.

El gobierno ruso solicitó la extradicción de Igor e Irina Bitkov el 25 de febrero del 2015 por otros delitos investigados en ese país, y desde el 12 de septiembre del 2016 remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores un proyecto de convenio de extradición sin recibir respuesta hasta la fecha. La familia, además, ha solicitado refugio en el país, decisión que está en manos del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Presidencia.

Aunque parezca una idea extraña, según fuentes políticas, los integrantes del Sanedrín le recomendaron al presidente utilizar las misma estrategia de la película Wag Dog —en español, llamada Cortina de humo— para desviar la atención de las acusaciones en su contra y atacar a la Cicig, promoviendo en redes sociales, a través de terceros, el caso como una conspiración rusa.

Al respecto, la embajada rusa sostiene que no hay una persecución política contra esta familia. En dicha película, para distraer la atención pública de un escándalo sexual que involucra al presidente, sus asesores le recomiendan inventar una guerra contra un país desconocido.

El panorama para CICIG

Fuentes judiciales señalan que desde la llegada al Ministerio de Gobernación de Enrique Degenhart, en enero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) no ha contado con apoyo de agentes de la policía para efectuar allanamientos.

La última captura registrada en un operativo conjunto entre el MP y Cicig fue el 18 de abril último, cuando detuvieron al exdiputado Mario Israel Rivera Cabrera, mientras que el 13 abril el MP denunció que una fuga de información impidió tres capturas por el caso IGSS-Pisa.

Los mayores respaldos internacionales hacia la Comisión han venido del secretario general de las Naciones Unidas António Guterres, el 8 y 24 de mayo, cuando destacó el trabajo de la Cicig como “un ejemplo para combatir la corrupción”. Al igual que de parte del grupo de países donantes del G-13 y congresistas demócratas, así como de instituciones guatemaltecas como la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Mientras que las críticas foráneas más duras han provenido de congresistas republicanos, en relación al caso Bitkov, y el llamado de atención de la embajadora estadounidense Nikki Haley a la Comisión, el 1 de marzo, de “no politizarse”.

Respecto de esta información, Matías Ponce, vocero de la Cicig, indicó que no tienen comentarios.

“Actuaciones son en Consejo de Ministros”

Respecto a los cuestionamientos sobre los asesores del presidente, la subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Lucy Barrios, comentó: “Las personas mencionadas, Mario Duarte, Alfredo Brito y Orlando Ramírez fungen como secretarios de la Presidencia, mientras que Andrés Castro ejerce como subsecretario; en el caso de César Cabrera es asesor de la Secretaría Privada. Por lo tanto, con excepción de Cabrera, los funcionarios tienen una relación directa con el señor presidente Jimmy Morales, inherentes a su cargo”.

La funcionaria agregó: “Los temas relacionados con la diplomacia y la política internacional son abordados desde la Presidencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisiones del señor presidente Jimmy Morales están basadas siempre en la institucionalidad y todas sus actuaciones son en Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, siempre velando por los intereses de la población sin beneficiar o perjudicar a persona individual o jurídica”.

Barrios evitó pronunciarse sobre algún posible conflicto de interés de los funcionarios mencionados por las investigaciones o sentencias a sus familiares.

“Durante la administración del presidente Jimmy Morales se ha promovido la regularización de los contribuyentes que se encuentren con omisos o problemas en el pago de impuestos. Muestra de ello, fue el Acuerdo Gubernativo 82-2017 en el que se exoneraba de multas, mora, intereses o recargos a los contribuyentes que hubiesen incurrido en infracciones tributarias, con el propósito que tanto personas individuales o jurídicas pagaran sus impuestos atrasados. En este caso en mención, como en otros, se fue consecuente con esa política que busca regularizar la situación de los contribuyentes.

En ningún caso, atendiendo a la norma constitucional, el señor presidente ha exonerado del pago de impuestos a contribuyente alguno”.

Respecto a una intervención en el caso Bitkov dijo: “Es falso, entendemos que es un caso que se ventila en las cortes del país y el Organismo Ejecutivo ha sido garante de la independencia de poderes y respetuoso de la libre emisión del pensamiento”.

Lioman Lima

BBC Mundo

En enero de 2015, los medios locales se hicieron eco de la captura de una presunta red de falsificación de pasaportes, que implicaba a funcionarios del gobierno, presuntos traficantes de personas, taxistas, “facilitadores”… y a tres ciudadanos rusos que habían utilizado los documentos con identificaciones falsas, una familia de apellido Bitkov.

El caso, conocido como “Migración”, ya se investigaba desde hacía unos años. Varios funcionarios y unos ciudadanos colombianos fueron condenados por esa causa en 2013.

Pero en la nueva redada, en 2015, los Bitkov fueron los únicos acusados que no tenían ningún vínculo directo con la estructura de la red.

Casi dos años después, a inicios de enero pasado, se conoció la sentencia: los principales responsables y los otros implicados en el caso recibieron penas entre 8 y 22 años de cárcel, mientras Igor Bitkov, cabeza de la familia rusa, fue condenado a 19 y su esposa Irina y su hija Anastasia, a 14.

Este miércoles, luego que la Corte Constitucional anulara la condena en abril, una jueza dictaminó que Igor Bitkov será juzgado nuevamente la próxima semana.

Sin embargo, antes de conocerse esta nueva disposición, ya la captura y fallo contra los tres rusos había trascendido el ámbito local y alcanzado dimensiones internacionales por los testimonios de la familia sobre la supuesta persecución política en Rusia y su huida a América Latina, donde -según su abogado- continuó la persecución de Moscú a través de un banco estatal

A nivel interno, el caso revivió las profundas diferencias entre el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional que investiga casos de corrupción en el país y que fue uno los principales actores en la detención de los rusos.

Mientras, a nivel internacional, una campaña liderada por el empresario estadounidense Bill Browder, conocido como el “enemigo número 1 de Putin” e influyente cabildero en el Congreso estadounidense, comenzó a presentar el encarcelamiento de la familia como una nueva manifestación de la larga mano del Kremlin.

Según esta versión, de la que no se había hablado hasta la entrada de Browder en la historia, Moscú logró penetrar en el Ministerio Público de Guatemala y en la CICIG para conseguir la captura y la elevada condena de los tres rusos, algo que los dos organismos niegan y de lo que no se han presentado pruebas fehacientes.

La denuncia de Browder causó tanto revuelo que el caso llegó a finales de abril ante una comisión del Senado de Estados Unidos.

Pero ¿cómo se llegó a este punto?, ¿quién son los Bitkov y cómo su caso se convirtió en un pulso político tanto dentro como fuera del país centroamericano?

Guatemala, 2009

El primer rastro de los Bitkov en Guatemala se registró en 2009, cuando Igor e Irina arribaron procedentes de Turquía.

Se cree que su hija llegó dos años después, aunque no existen registros de su entrada.

Poco después, los Bitvok dejaron de llamarse así, o al menos no eran esos los nombres que se leían en sus pasaportes e identificaciones guatemaltecos.

Igor e Irina tuvieron otro hijo en Guatemala, que tras ser capturados sus padres, fue internado un orfanato y luego, tras evidenciarse algunos maltratos allí, fue devuelto a su niñera, quien tiene actualmente su tutela.

“Ellos entran al país legalmente, pero luego comienzan a utilizar documentos falsos”, explica a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, a cargo del caso.

“Igor, por ejemplo, obtuvo aquí una cédula guatemalteca con otro nombre y para ello utilizó una partida de nacimiento falsa. Sacó pasaporte con ese nuevo nombre e hizo negocios”, añade.

Los documentos oficiales lo presentaban como Gregorio Igor Benítez García, originario de Taxisco, un pueblo en el municipio de Santa Rosa, en el sudeste Guatemala; mientras, su esposa comenzó a llamarse María Irina Rodríguez Germanis.

“Como por su físico ese nombre latino generaba sospecha, Igor tomó otra identidad y falsearon otra partida de nacimiento. Sacó entonces un nuevo documento de identificación, creó otra sociedad, contrajo matrimonio, sacó licencia de conducir, compró vehículo y sacó nuevamente pasaporte”, explica el fiscal.

Auténticos

Pero Rolando Alvarado, abogado defensor de la familia, tiene una visión diferente de lo que sucedió.

“En realidad, no eran documentos de identificación falsos, eran documentos reales, auténticos, y los peritajes así lo dicen“, asegura en conversación con BBC Mundo.

“Ellos desde Europa hicieron contactos con una firma de abogados llamada Cotino International y les aseguraron que todo sería por la vía legal. Luego les dan aquí estos pasaportes con los nombres latinos, que ellos los utilizaban para realizar sus viajes a Europa sin ningún problema, eran legítimos”, añade.

De acuerdo con la versión del abogado, Bitkov realizó los contactos por internet con la supuesta firma, de la que nada se sabe y cuyo dominio desapareció de la red tras la difusión del caso.

Pagaron por sus pasaportes, según la versión de la familia, unos US$50.000, aunque no existen registros de la transacción.

De hecho, según Alvarado, uno de los principales puntos que demuestran lo que considera arbitrariedades en el juicio contra sus clientes es que la CIGIS nunca investigó a la supuesta empresa que estuvo detrás de la venta de pasaportes con identidades falsas.

Matías Ponce, vocero de la Comisión, asegura a BBC Mundo que nunca se demostró el papel potencial de la firma vinculado a la red durante el proceso judicial y, como los Bitkov no presentaron pruebas de que contrataron a la compañía, no se investigó este vínculo.

En opinión del abogado defensor, esto constituye una irregularidad, ya que la CICIG y el Ministerio Público pasaron por alto la investigación de lo que, en su criterio, era un factor clave en la red de falsificación, dado que era a través de este oficina que se vendían los pasaportes, según la versión de los Bitkov.

“Ellos compran estos documentos a esta firma porque los Bitkov son perseguidos políticos, víctimas de una venganza del gobierno ruso y lo primero que hace un perseguido político es buscar un cambio de nombre, porque su vida está en peligro. Entonces ellos no querían falsear su identidad, sino salvar sus vidas”, sostiene.

Durante el juicio, la familia aseguró que habían llegado a Guatemala buscando refugio de Rusia donde, según su relato, fueron acosados por el gobierno.

Rusia, en el origen

En 1997, Igor Bitkov fundó en San Peterburgo la North-West Timber Company, una empresa papelera, que, según dijo, llegó a valer unos US$700 millones.

De acuerdo con su testimonio en el juicio, al que tuvo acceso BBC Mundo, los Bitkov afirman que su caída en desgracia comenzó nueve años después, cuando se negaron a colaborar con Georgi Boos, el entonces nuevo gobernador de Kaliningrado, donde la empresa tenía una de sus fábricas.

La versión indica que Irina Bitkova fue invitada entonces a ser representante regional de Rusia Unida, el partido al que pertenece el presidente Vladimir Putin, a lo que se negó.

“Fueron perseguidos a partir de entonces, incluso llegaron a secuestrar y violar a su hija y también intentaron destruir y apoderarse de su negocio”, asegura a BBC Mundo Bill Browder, el empresario estadounidense que lidera la campaña internacional para la liberación de la familia.

La empresa de los Bitkov reportó pérdidas y comenzó a pedir créditos, lo que los llevó a una deuda por unos US$6 millones con el banco estatal VTB, dirigido por Andrei Kostin, un economista muy cercano a Putin.

Según la versión de la familia, el banco empezó a presionarlos para que vendieran su negocio y pagaran así su crédito.

En respuesta a un cuestionario enviado por BBC Mundo, VTB afirmó que en realidad se trató de un “procedimiento estándar para resolver disputas comerciales financieras serias a través de los canales legales disponibles“, dada la enorme deuda que tenía la familia.

“Igor e Irina Bitkov fueron garantes de préstamos por un crédito otorgado en 2007 por VTB a la empresa Nemansky Pulp and Paper Mill (núcleo industrial de North-West Timber Company). Después de que la compañía dejó de pagar su deuda, en 2009 se lanzó un caso criminal en Rusia contra los Bitkov, acusados de fraude a gran escala”, señala el banco.

De acuerdo con VTB, la deuda no pagada de los Bitkovs asciende actualmente a más de US$42 millones.

En unas circunstancias poco claras, la pareja huyó de Rusia finalmente en abril de 2008.

Tiempo después VTB, junto a los también bancos estatales Sberbank y Gazprombank (que igualmente habían realizado préstamos a la compañía) se hicieron cargo de la empresa y vendieron la mayor parte de los activos, según el testimonio de la familia.

De acuerdo con Browder, la forma de accionar de estas instituciones financieras son “típicas” estrategias que ha utilizado en los últimos años el gobierno de Vladimir Putin para controlar a empresarios que no siguen sus líneas, mientras el banco defiende que se trata de un procedimiento regular.

El fiscal, por su parte, asegura que, durante el proceso legal, no hubo ningún elemento que pudiera demostrar este hecho.

“No lograron probar tal persecución y llamó también la atención el elemento que estuvieron durante siete años en Guatemala y nunca pidieron protección o asilo. La solicitud de asilo se hace cuando ya estaban acusados en este proceso”, explica el fiscal.

BBC Mundo le preguntó al abogado por las evidencias de la persecución, pero Alvarado se limitó a remitir a una carta de un senador de Estados Unidos.

“Para demostrarlo hemos incorporado la carta de un senador republicano, Roger Wicker. Que un senador estadounidense diga que usted es perseguido político, tiene mucho peso y creo que es una prueba muy clara“, afirma, sin aportar otro dato.

¿Influencia rusa?

Uno de los elementos que más dio que hablar del caso y que utiliza Browder como argumento de la supuesta influencia del gobierno ruso en la condena es que fue VTB quien denunció a la familia ante las autoridades guatemaltecas.

“Nos enteramos de esta situación de los rusos porque ese banco interpuso una denuncia contra ellos ante el Ministerio Público”, indica el fiscal.

Para el abogado defensor, la denuncia del banco y su posterior participación en una de las audiencias contra los Bitkov como querellante son también muestras de la influencia de Moscú en el Ministerio Público y la CICIG.

“Aquí la mayor prueba de la interferencia es que un banco estatal ruso, sancionado por Estados Unidos, trató de encausar un procedimiento de un supuesto cobro de saldo, sin pruebas y a través de la vía penal, lo cual es notoriamente ilegal”, considera Alvarado.

Sandoval, si bien acepta que el banco participó en parte del proceso legal, asegura que esto se dio acorde a las legislaciones guatemaltecas y niega cualquier influencia de VTB o del gobierno ruso en la investigación.

Tras un recurso presentado por la defensa, el banco no pudo seguir participando en el juicio, aunque reconoció a BBC Mundo que tiene en curso nuevos procesos legales relacionados con la demanda, de los que declinó ofrecer más información.

VTB asegura que las acciones no tienen nada de extraordinario y que han efectuado procesos similares ante tribunales de Reino Unido, EE.UU. y países de Europa continental.

“Las actividades para localizar a nuestros prestatarios y sus propiedades, así como las reclamaciones actuales sobre tales casos en jurisdicciones internacionales, de conformidad con los acuerdos concluidos y las disposiciones regulatorias vigentes de estos países, son parte del procedimiento regular del banco para recuperar préstamos incobrables y se ajusta a la ley”, indica la institución financiera.

Más allá las dudas que deja el caso, no existe ninguna evidencia conocida deuna influencia directa del gobierno ruso en la condena de los Bitkovni de ningún pago a los organismos encargados de la investigación.

Sin embargo, las acusaciones han puesto peligro el trabajo de la CICIG, que desde el año pasado se encuentra en la mira del gobierno de Guatemala.

La CICIG, en el ojo de la polémica

Tras la sesión del Congreso de Estados Unidos para analizar el caso de los Bitkov, el senador republicano Marco Rubio decidió congelar un monto de los fondos que Washington debía entregar a la CICIG, de la cual es su principal contribuyente.

El motivo, según alegó Rubio sin proveer ninguna prueba, era que la Comisión había sido “manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov”.

El futuro de la CICIG, una organización respetada por la independencia que ha mostrado del gobierno guatemalteco en la investigación de la corrupción en el país, pende nuevamente de un hilo.

El año pasado, se supo que la Comisión investigó la presunta de corrupción de un hijo y un hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mientras el propio mandatario y su partido están también en la mira por un presunto financiamiento ilícito en la pasada campaña electoral.

En ese contexto, Morales solicitó a la ONU la revisión del mandato de la CICIG y la salida de su jefe, Iván Velásquez, quien incluso fue declarado persona non gratapor el gobierno.

Ahora, el caso de la familia rusa constituye, en opinión del gobierno, una muestra de la “injerencia de la CICIG”.

“Hemos visto que se ha exagerado y violado el mandato que tiene la CICIG en Guatemala a través de su representante, el señor Iván Velásquez, ya que anteriormente con otros comisionados no había habido esa exageración en términos del mandato”, asegura a BBC Mundo el portavoz del gobierno Heinz Hiemann.

Para el vocero de CICIG, el caso de los rusos se ha convertido en una herramienta de una “campaña de difamación” contra el organismoy el trabajo que realizan.

“La CICIG actúa en función de su mandato, que surge de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”, asegura.

Entretanto, el caso de los Bitkov tendrá la próxima semana un nuevo capítulo en los juzgados.